Sheinbaum propone prohibir doble nacionalidad para titulares del Ejecutivo federal y estatal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, formalizó esta semana ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que busca restringir el acceso a cargos de elección popular de alto nivel. La propuesta plantea como requisito indispensable poseer exclusivamente la nacionalidad mexicana para quienes busquen ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas de los estados y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con los argumentos presentados por la mandataria, esta medida tiene como objetivo central salvaguardar la soberanía nacional y evitar posibles injerencias extranjeras en la toma de decisiones públicas. Según fuentes de la administración federal, la intención es asegurar que los funcionarios con mayor responsabilidad política mantengan una lealtad absoluta y sin conflictos de interés vinculados a compromisos con otras naciones.

La reforma, que ya ha sido turnada a las comisiones correspondientes del Poder Legislativo, contempla extender esta restricción a otros cargos públicos de alta jerarquía. El equipo de la Presidencia ha subrayado que esta disposición busca fortalecer los mecanismos de seguridad nacional y el marco normativo que rige la ética en el servicio público mexicano, alineándose con las facultades soberanas del Estado.

El debate en el Congreso de la Unión se centrará en las próximas semanas en el análisis de las implicaciones constitucionales de este requisito. Mientras la oposición ha comenzado a cuestionar el impacto de la medida en los derechos de los ciudadanos con doble nacionalidad, el oficialismo defiende que el ejercicio del poder público exige una vinculación jurídica y política exclusiva con el territorio nacional.

Esta iniciativa representa uno de los cambios legislativos más significativos planteados recientemente por el Ejecutivo federal. De ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, se convertiría en un nuevo candado para el acceso a puestos estratégicos en el gobierno federal y en las entidades federativas, marcando un precedente en la legislación electoral del país.