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Sheinbaum insta a la FGR a investigar señalamientos contra Amílcar Olán

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre las acusaciones que vinculan a Jorge Amílcar Olán Aparicio con presuntas irregularidades en contratos gubernamentales.

Redacción El Matiz
Foto: eleconomista.com.mx

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, declaró este lunes que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal contra Jorge Amílcar Olán Aparicio. El empresario ha vuelto a ser foco de atención mediática tras su localización en Suiza, en medio de diversos cuestionamientos sobre su participación en contratos públicos y presuntas operaciones comerciales irregulares.

El debate público se centra en acusaciones que involucran a Olán Aparicio en la comercialización de balasto para proyectos de infraestructura y señalamientos relacionados con el denominado huachicol fiscal. Ante estos hechos, la titular del Ejecutivo federal subrayó que la administración que encabeza mantiene una postura de no impunidad, reiterando que cualquier denuncia debe ser procesada por las autoridades judiciales competentes con base en pruebas sólidas y no solo en señalamientos mediáticos.

Aunque el gobierno federal ha sido cuestionado sobre la relación de ciertos proveedores con la administración pública, la presidenta precisó que el proceso debe seguir los cauces legales dentro de la autonomía de la Fiscalía. La postura oficial busca deslindar cualquier responsabilidad institucional, enfatizando que la revisión de contratos y posibles actividades ilícitas es competencia directa de la FGR y, en su caso, de las auditorías realizadas por la Secretaría de la Función Pública.

Por su parte, diversas voces en el Congreso de la Unión han solicitado que se esclarezcan los alcances de las operaciones comerciales mencionadas. Hasta el momento, el gobierno federal ha indicado que facilitará cualquier información técnica que sea requerida por la autoridad investigadora para garantizar que se aplique la ley en caso de comprobarse la existencia de delitos o violaciones a la normativa fiscal vigente.

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