Proponen en Cámara de Diputados plazo máximo para pago de finiquito

Una iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados busca reformar la Ley Federal del Trabajo para establecer un plazo máximo de tres días naturales para el pago del finiquito tras la conclusión de una relación laboral. La propuesta pretende reducir la incertidumbre financiera que enfrentan los trabajadores mexicanos al momento de concluir su contrato, garantizando una mayor celeridad en la entrega de las prestaciones de ley correspondientes.

El documento legislativo argumenta que, actualmente, diversos sectores presentan dilaciones excesivas al momento de realizar la entrega de las remuneraciones pendientes. Los proponentes señalan que esta reforma busca proteger la estabilidad económica de las familias mexicanas al evitar que los procesos administrativos se conviertan en obstáculos para acceder a los recursos que legalmente les pertenecen por su tiempo de servicio.

La reforma plantea modificar artículos específicos de la Ley Federal del Trabajo para que la obligatoriedad del pago sea inmediata tras la separación del cargo. De ser aprobada por el Congreso de la Unión, los empleadores deberán ajustar sus procesos internos de recursos humanos para cumplir con este margen de tiempo, de lo contrario, podrían enfrentar sanciones administrativas conforme a las disposiciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Especialistas en temas laborales han destacado que esta medida busca estandarizar las prácticas en el mercado formal, donde las disparidades en los tiempos de pago generan afectaciones directas a los trabajadores. La iniciativa se encuentra actualmente bajo análisis en las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, donde se evaluará su impacto en la dinámica operativa de las empresas y su viabilidad para ser integrada al marco jurídico vigente.

De avanzar en el proceso legislativo, el dictamen deberá ser discutido y votado en el pleno antes de pasar al Senado de la República para su revisión final. Por ahora, el sector empresarial y las organizaciones sindicales se mantienen a la expectativa de los términos finales que podría adoptar esta propuesta en su redacción definitiva.