PAN propone juicio político y desaparición de poderes en Sinaloa

La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) presentó este domingo una propuesta formal ante el Congreso de la Unión para iniciar un juicio político contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La bancada panista fundamenta su petición en la crisis de seguridad que atraviesa la entidad y exige la desaparición de poderes en el estado, argumentando que las condiciones actuales impiden el ejercicio democrático y la salvaguarda de los ciudadanos.

La solicitud surge tras el reciente retorno del mandatario estatal a sus actividades públicas, un hecho que, según los representantes del PAN, requiere de una revisión exhaustiva por parte del Poder Legislativo Federal. El partido opositor ha instado a la mayoría parlamentaria de Morena a no obstaculizar el proceso y a respaldar la creación de una comisión investigadora que analice la situación administrativa y de gobernabilidad en Sinaloa.

El documento presentado por los legisladores de Acción Nacional sostiene que la falta de control en materia de seguridad pública ha escalado a niveles que superan las capacidades de la administración estatal. Por ello, la propuesta incluye un exhorto a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para que evalúe la viabilidad de la desaparición de poderes, un mecanismo constitucional extraordinario previsto para situaciones donde los órganos locales han dejado de cumplir sus funciones fundamentales.

Por su parte, los representantes de Morena en el Congreso han señalado que cualquier proceso de esta naturaleza debe seguir estrictamente los cauces legales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El debate se centrará ahora en las comisiones correspondientes, donde se determinará si existen los elementos jurídicos necesarios para proceder con el juicio político contra el Ejecutivo estatal.

La tensión política en el Congreso de la Unión refleja la preocupación por el clima de inseguridad en la región, un tema que ha dominado la agenda legislativa en los últimos meses. Mientras las fuerzas políticas discuten el alcance de esta medida, los ciudadanos de Sinaloa mantienen la expectativa sobre las posibles acciones que el Gobierno Federal implementará para restaurar el orden y la estabilidad en el territorio.