Exintegrantes de fuerzas federales denuncian retrasos en su integración laboral

Un grupo de expolicías federales y elementos provenientes de la Guardia Nacional ha manifestado su preocupación ante la falta de avances en su proceso de incorporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). A pesar de los acuerdos previos para facilitar su tránsito laboral, los afectados aseguran que las mesas de diálogo y transición programadas han sido postergadas de manera indefinida por las autoridades correspondientes.

Los elementos señalan que esta situación los mantiene en un limbo administrativo, lo cual impacta directamente en su seguridad social y en la continuidad de su trayectoria profesional dentro de las instituciones de seguridad pública. Según lo expresado por representantes de los inconformes, la falta de una respuesta clara sobre las fechas para formalizar su situación ha generado incertidumbre entre cientos de familias que dependen de estos ingresos y prestaciones.

Aunque el proceso de reestructuración institucional planteaba una integración gradual bajo los lineamientos de la administración actual, los trabajadores denuncian que la comunicación con los responsables de las mesas de trabajo se ha vuelto intermitente. Los afectados sostienen que han cumplido con los requisitos administrativos solicitados, pero los trámites de alta y certificación permanecen detenidos sin una explicación técnica detallada sobre el estancamiento burocrático.

Por su parte, las autoridades de la SSPC han indicado en diversas ocasiones que se trabaja en la homologación de perfiles para garantizar que el personal cumpla con los estándares operativos vigentes en el esquema nacional de seguridad. No obstante, los grupos de exintegrantes de las fuerzas federales insisten en que los tiempos de respuesta no coinciden con las necesidades urgentes de los elementos que actualmente se encuentran fuera del servicio activo.

El grupo ha hecho un llamado a las instancias de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que intervengan como mediadores en este conflicto. El objetivo principal de los inconformes es que se restablezca el calendario de sesiones y se brinde una resolución definitiva que garantice el respeto a sus derechos laborales adquiridos, evitando que la transición institucional derive en la pérdida de empleos en el sector de seguridad pública.